Alemania anunció que suspenderá el cultivo de maíz genéticamente modificado del gigante estadounidense Monsanto (el MON810), sumándose así a otros cinco países europeos que aplican la misma medida a pesar de la posición contraria de la Comisión Europea. La ministra de Asuntos Agropecuarios y de Defensa del Consumidor, Ilse Aigner, anunció en Berlín la decisión de no autorizar el cultivo de semillas del maíz Mon 810, del grupo agropecuario Monsanto.Aigner afirmó que tenía motivo justificado para considerar que la versión Mon 810 "representa un peligro para el medio ambiente", y explicó que por ello Alemania invocaba el recurso preventivo de salvaguarda de la Unión Europea.Enviado por "Patricio Acuña"
Santa Fe revisa su procedimiento
ResponderEliminarpara controlar los agroquímicos
La provincia tiene una de las normas más avanzadas del país pero la polémica sobre efectos en salud y medio ambiente está abierta. Los controles pendientes.
De la redacción de El Litoral
economia@ellitoral.com
“Si hay inconvenientes es porque se usa mal”. Carlos Debona, ingeniero agrónomo y director de Sanidad Vegetal del Ministerio de la Producción, definió en esos términos el tema del uso de agroquímicos en la provincia y su impacto en la salud y el medio ambiente.
El funcionario dijo que “hay una omisión de parte de autoridades comunales y municipales, que no fijan los límites agronómicos a partir del cual se pueden comenzar las aplicaciones” de agroquímicos en cultivos.
Explicó que en más de 360 municipios y comunas que tiene Santa Fe, “sólo llegamos a una tercera parte que tiene fijados los límites”, que son exigencia de la ley provincial 11.273 del año 1996, reglamentada un año más tarde y con plena vigencia en la actualidad.
“Como toda norma tiene inconvenientes, pero creemos que es buena”, subrayó Debona. “Faltaría ajustar una fijación del punto cero a partir del cual el productor puede aplicar plaguicidas” en el entorno de los centros de población.
Apuntó que “a veces el común de la gente cree que no se puede sembrar. No existe norma para eso, pero sí para uso de agroquímicos determinados y equipos de aplicación”, detalló.
Explicó que sólo se pueden pulverizar productos de clase toxicológica baja desde el punto cero y hasta los 500 metros, y de allí en adelante hasta los tres mil metros con productos de mayor toxicidad. Pero sólo fuera de ese límite se pueden hacer fumigaciones aéreas según la norma vigente en la provincia.
Para el funcionario provincial la responsabilidad es compartida en el control sobre los cascos urbanos, aunque aclaró que el poder de policía lo tiene la provincia y que la norma establece que las aplicaciones dentro de los 500 metros se deben hacer con receta extendida por el ingeniero agrónomo. “Algunas ordenanzas incluso reclaman la presencia del profesional”, detalló.
Normas internacionales
Debona señaló que la ley santafesina “adhiere y hace de cumplimiento obligatorio el código de conducta de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). “Es la única provincia que tiene esta exigencia”, apuntó.
Reconoció el especialista que el tema genera polémicas entre productores y defensores del medio ambiente, pero también apuntó que “el uso de químicos es hasta ahora consentido por el resto de la sociedad”.
Consultado si ese consentimiento no podría ser producto de la ignorancia, Debona ejemplificó” “los agroquímicos son más o menos tóxicos que muchos productos que se usan en el hogar. El daño es consecuencia de exposiciones reiteradas e indebidas”.
Aclaró de todas maneras el funcionario que el gobierno provincial mantiene un trabajo conjunto entre las carteras de Producción, Salud, Trabajo y Aguas y Medio Ambiente, para revisar normas y procedimientos conjuntos para encarar el tema.
La fumigación aérea está prohibida hasta 3 mil metros de los centros urbanos. Pero no todos los municipios y comunas han fijado sus límites
Foto: Archivo El Litoral
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ADEMÁS
No hay legislación nacional
Santa Fe tiene normas sobre el uso de plaguicidas desde 1975, pero a nivel nacional no existen leyes en la materia. La soja transgénica fue aprobada en el país en 1996 y su cualidad es la de resistir el glifosato, un insecticida comercializado por la multinacional Monsanto.
“El glifosato está inscripto en la Argentina como un producto que prácticamente no tiene riesgo toxicológico, pero para los ambientalistas el riesgo es alto”, apuntó Debona para sintetizar la polémica.
“La clasificación del producto es de la Organización Mundial de la Salud, pero sus detractores sostienen que esa calificación se basa en estudios de la propia empresa” multinacional que lo produce.
“La pauta que se usa aquí es la que establece el Senasa”, se indicó. Desde el punto de vista del impacto ambiental es uno de los menos nocivos, aunque desde el punto de vista toxicológico no está aclarado que haya un efecto nocivo”, concluyó.
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EL DATO
Pedido
El diputado Antonio Riestra (Partido SI) presentó un pedido de informes para conocer la posición del Ejecutivo provincial sobre posibles reformas a la ley 11.723 de productos fitosanitarios. Mientras varios proyectos legislativos proponen incrementar el área de restricción a las fumigaciones alrededor de los centros poblados hasta los 1.000 metros, el secretario de Medio Ambiente de la provincia sugirió reducir estas distancias a 150 metros.
Un recurso de amparo contra el glifosato apunta a Santa Fe
ResponderEliminarLo presentó la Asociación de Abogados Ambienta-
listas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además de solicitar la suspensión de la comercialización y aplicación de los agrotóxicos básicos de la industria sojera, la entidad responsabilizó a los estados provinciales de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba por el mal uso de los productos. Bertero admitió que analizan mejorar la ley actual.
16-04-2009 | 09:28 hs.Autor: LB · Fuente: Notife/Pagina12/LT10
La Asociación de Abogados Ambientalistas (Aadeaa) presentó ayer un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que “se suspenda la comercialización, venta y aplicación de glifosato y endosulfan –agrotóxicos básicos de la industria sojera– en todo el territorio nacional”. Además, la ONG solicita que el Gobierno nacional determine en 180 días el efecto sanitario de los químicos agrarios; y cargó responsabilidades sobre los estados provinciales de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, y sobre Monsanto, la mayor productora y comercializadora de glifosato.
En 36 carillas, los letrados requieren que la Comisión Investigadora del Ministerio de Salud “se expida definitivamente” sobre los efectos de los herbicidas. “Hasta el momento, preocupantemente, no ha tenido avances concretos”, afirma la ONG, fundada en el año 2004 por un grupo de abogados vinculados con el cuidado del ambiente.
“Los demandados son el Poder Ejecutivo nacional y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (las tres provincias donde la Justicia de primera instancia ya se expidió contra las fumigaciones sojeras). A la empresa Monsanto, principal comercializadora del herbicida, se la cita como tercera interesada (por ser la mayor productora del herbicida)” aclara el escrito publicado en la edición de hoy en Página/12.
Mejorar la ley
En tanto, en las últimas horas opinó sobre el glifosato el ministro de la Producción, Juan José Bertero, y explicó que “el Ministerio es autoridad de aplicación de la ley de Fitosanitario, que hace un control de aplicación, y la ley habla que los municipios y las comunas tienen que establecer los límites agrarios”.
Sin embargo, y según Bertero, sólo un tercio de las comunas y los municipios delimitaron la zona para fumigar. “Más allá del acción de policía, hay que lograr que todos los municipios y comunas lo hagan” señaló.
También apuntó contra los depósitos de los agroquímicos, que muchos están en el ejido urbano, y que son un foco de toxicidad. En este sentido, explicó que “estos depósitos tienen que estar controlados y en lugares habilitados, por lo que necesitamos un estudio de impacto ambiental”.
Además, Bertero indicó que “hay que verificar si los equipos aplicadores están en condiciones, y las condiciones de trabajo de las personas y fundamentalmente las características del producto, es decir, qué efecto residual tiene el producto”.
Por último, el ministro de la Producción indicó que “la ley habla de la zona de aplicación, pero no habla de otros temas que nos interesa y estamos analizando con funcionarios de los Ministerios de Salud y de Aguas y medio Ambiente. Estamos analizando cómo abordar los otros puntos para que sean más armónicos”.